Un Pacto Fiscal es un acuerdo político de los distintos sectores sociales, mediante el cual parte de la agenda pública es convertida en programas y políticas de Estado. El acuerdo también debe determinar la cuantía de los recursos públicos requeridos, su origen y las reglas de su asignación y ejecución”. (Lahera, Eugenio, 2000: Un nuevo Pacto Fiscal: la propuesta de la CEPAL. Elaborado para la Comisión Económica para  América Latina y el Caribe, CEPAL).

De esta definición de Lahera, se desprende que un pacto fiscal constituye un acuerdo que trasciende lo puramente económico, y toca lo político y lo social, porque implica una discusión profunda, no solo sobre el monto, el origen y el destino de los recursos públicos, sino también sobre el estilo de sociedad que se debe construir, en materia de política fiscal, social y económica.

Es decir, que un pacto fiscal tiene que ser capaz de permitir definir la orientación de la política fiscal, mediante una agenda de reactivación económica que incluya la revisión de la estructura impositiva, en cuanto a equidad y progresividad de los impuestos, tasas, deducciones, exenciones y exoneraciones, transparencia y rendición de cuenta.

Los mejores ejemplos de países con  pacto fiscal que han mostrado ciertos niveles de éxito son: el pacto fiscal firmado en marzo de 2012 por veinticinco países de los que integran la Unión Europea, para consagrar la austeridad en los tratados. También el caso de Guatemala, cuyo pacto fiscal data del año 2000 y que le sirvió a ese país como pilar esencial para los acuerdos de paz.  El caso de  Costa Rica es otro ejemplo importante, pues tiene un pacto fiscal que data del año  2002, y que le ha permitido establecer políticas concretas de protección al medio ambiente e incentivar las exportaciones.

Igualmente, el caso de Paraguay que estableció el “Acuerdo para fomentar la Formalidad, Competitividad, Equidad y Responsabilidad Fiscal” mediante un pacto fiscal, firmado en el 2003. El caso del Salvador donde el pacto fiscal, firmado en el 2003, ha servido a ese país como Guía del Presupuesto General para el Ciudadano,  y  el caso de Argentina que en 1992 firmó el Pacto Fiscal Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

En lo que concierne a la Republica Dominicana, la Ley 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establece como una prioridad para el país la de impulsar una reforma fiscal integral, basada en la progresividad y transparencia tributaria, orientada a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.

Según la END, el principal objetivo del pacto fiscal es financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.

De acuerdo con dicha ley, el pacto fiscal debe estar orientado a reducir la evasión fiscal; elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público; elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria; consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivo; elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo; cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y elevar el ahorro corriente e implementar políticas contra-cíclicas.

Los niveles de presión tributaria estimados por la Estrategia Nacional de Desarrollo para los años del 2014 al 2030 son de 14.7% para el 2014, 16% para el 2015, 19% para el 2020, 21.5% para el 2025 y 24% para el 2030, pero estos estimados se han quedado muy por debajo en los años transcurridos, después de esta estimación de la Ley 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo (END). De ahí, la importancia de un pacto fiscal y de una reforma fiscal integral que toque cuatro dimensiones: ingresos, gastos, activos y pasivos del Estado.

 Jose Segura

Director del CDET